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Economía circular y agricultura: las claves del Pacto Verde Europeo que impulsa Bruselas en el horizonte 2030


Economía circular y agricultura en el pacto verde europeo

La economía circular ha llegado para quedarse y transformar por completo todos los sectores, también el de la agricultura. Así figura en el llamado Pacto Verde Europeo, el mapa de acciones de la Unión Europea para impulsar la sostenibilidad, reducir el impacto ambiental y garantizar la seguridad alimentaria. El objetivo es transformar el modelo agrícola y alimentario en Europa y alinearlo con la protección al medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. 

La hoja de ruta de UE pasa por la implementación de la estrategia ‘De la granja a la mesa’, un conjunto de acciones que, en el horizonte temporal de 2030, pretenden introducir de lleno la sostenibilidad en la economía de la UE, y que refuerzan el posicionamiento de empresas de biotecnología aplicada a la agricultura como Seipasa.

La pregunta es ¿por qué ahora, y por qué con esta intensidad, la UE apuesta por reforzar el papel de la economía circular en la agricultura? La respuesta está en la crisis generada por la Covid19 y en la realidad que la pandemia ha destapado, especialmente en el sector agroalimentario. Si algo ha revelado la crisis que atravesamos es el papel estratégico de este sector en el equilibrio y las necesidades de la sociedad. La cadena alimentaria es clave, pero también contamina y consume grandes cantidades de recursos naturales. El objetivo de la hoja de ruta europea es hacerla más sostenible, no solo desde el punto de vista medioambiental sino también en su vertiente más social, especialmente en todo lo relacionado con la generación de rendimientos económicos justos para todos los actores de la cadena.

Pacto verde europeo: las claves

La estrategia ‘De la Granja a la Mesa’ propone medidas concretas que apuntan a la reducción del 50% en el uso de plaguicidas de origen químico en los próximos 10 años. La Comisión Europea también tomará medidas para reducir en un 20% el uso de fertilizantes en 2030, ya que estima que el exceso de nutrientes en el medio representa una importante fuente de contaminación del aire, el suelo y el agua.

El Ejecutivo comunitario pretende plantar 3.000 millones de árboles en el territorio de la Unión Europea e impulsar el desarrollo de la agricultura ecológica para que el 25% de la superficie agrícola de la UE se dedique a agricultura ecológica en 2030.

Además de las cuestiones legislativas, la estrategia ‘De la Granja a la Mesa’ dentro del Pacto Verde Europeo propone otras medidas encaminadas a que los ciudadanos tomen conciencia acerca de la importancia de reforzar la sostenibilidad del sistema alimentario a través de la mejora del etiquetado de los alimentos o la reducción del desperdicio alimentario. 

En la práctica, la estrategia agroalimentaria que impulsa Bruselas para la próxima década coloca en una posición de salida a empresas que, como Seipasa, disponen de una sólida estructura y experiencia que aúna la biotecnología, la innovación y la inversión en registros fitosanitarios para el desarrollo de nuevas soluciones de origen botánico y microbiológico, plenamente alineadas con la eficacia, la sostenibilidad y el estricto marco regulatorio comunitario. 

Para implementar medidas como la reducción de plaguicidas de origen químico en la lucha contra plagas y enfermedades que afectan a los cultivos, el Ejecutivo comunitario debe tomar medidas para facilitar la entrada en el mercado de nuevas soluciones desarrolladas a partir de sustancias activas biológicas. No obstante, para ello también es necesario avanzar hacia una mayor armonización y unificación en los criterios que conducen al registro de productos fitosanitarios a nivel comunitario. En la actualidad, las sustancias activas en la UE se autorizan a nivel comunitario, pero los productos fitosanitarios que contienen esas materias requieren autorización individual por parte de cada uno de los estados miembros. Trasladado a la realidad cotidiana, esto demora la aprobación de nuevas soluciones con autoridad registral e impide que los agricultores puedan contar con nuevas herramientas necesarias para cumplir con los requerimientos comunitarios.